El programa de Pensión para Adultos Mayores propuesto por el equipo de Andrés Manuel López Obrador es discriminatorio y comete un acto de ilegalidad debido a que excluye a todas las personas que reciban ingresos por jubilación o pensión superior a mil 92 pesos, aseguró a Publimetro Julio Jiménez, investigador de la Universidad La Salle y especialista en derecho.
Señaló que condicionar el apoyo económico vulnera los derechos de los adultos mayores, ya que este programa es de carácter social y no de selección, por lo que los pone en condición de desventaja y vulnerabilidad.
"Esto viola en todos los sentidos los principios de carácter social y jurídico de un programa que apoya a adultos mayores. Se deben retirar estas condiciones que discriminan, así como revisar y actualizar las cantidades que se asignan".
"El gobierno electo y el Congreso de la Unión deben revisar los programas y los montos, porque están cometiendo un delito, un acto de ilegalidad (...) Los apoyos no deberían de ser condicionados", indicó el especialista.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mil 92 pesos es una cifra inferior a las líneas de bienestar económico en las ciudades y el campo, y apenas es superior a la línea de bienestar mínimo.
La titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas, mencionó que es insuficiente el apoyo por medio de transferencias económicas para los adultos mayores, ya que en muchas ocasiones estos montos sólo cubren las necesidades médicas básicas.
"Los programas sociales que incluyen transferencia no cubren la amplia gama de derechos humanos que tenemos. Es importante que para garantizar los derechos humanos de adultos mayores el Estado otorgue los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda. Uno de los temas que más reportan los adultos mayores es el de la falta de autonomía económica, y las transferencias ayudan a propiciar esto, pero no cubre el 100% de sus necesidades", puntualizó.
Indicó que hay que analizar las áreas donde se ven más vulnerados sus derechos y fortalecer los programas que brindan esos servicios, pues tiene que existir una visión integral donde la totalidad de los derechos estén considerados.
"La universalidad de los apoyos a adultos mayores es una cosa positiva, pero además de esto se necesita una perspectiva específica porque hay problemáticas concretas con adultos mayores, por lo que se deben considerar la particularidad de cada grupo de población, como la indígena (...)", precisó.
Otro de los problemas que identifica el consejo es que el mismo programa pide varios documentos que las personas en mayor situación de vulnerabilidad no pueden conseguir con facilidad, incluso con las facilidades que actualmente brindan las tecnologías de la información./ Publímetro
