Nuestro país requiere seguir transitando hacia nuevos paradigmas para enfrentar sus grandes desafíos de salud pública, como la cannabis medicinal.
En los últimos años, a raíz de múltiples debates, sentencias emblemáticas de la Suprema Corte y de cambios legislativos que hoy son norma, se legalizó el uso de la mariguana para fines medicinales y de investigación, lo cual cobró vigencia a partir del 20 de junio de 2017.
Hasta el momento, los medicamentos que han demostrado tener mayores efectos terapéuticos son aquellos dirigidos a pacientes con epilepsia (niños, principalmente) y diversos tipos de cáncer; se trata de medicamentos que contienen cannabidiol (CBD), mismos que no son considerados psicoactivos, pero producen beneficios notables. De igual manera, se han venido probando otros medicamentos para tratar o paliar otras enfermedades como esclerosis múltiple, artritis, pacientes con VIH, entre otras.
Existen muchos ejemplos de países que han logrado establecer regulaciones apropiadas para el uso medicinal de la mariguana –lo han hecho 28 países en total-, como Estados Unidos, Canadá, Israel, Uruguay, Colombia, Perú o Argentina.
Una buena cantidad de compañías se encuentran gestando lo que pudiese convertirse en la industria cannábica mexicana; al mismo tiempo, las actitudes de la población se han venido modificando. Como prueba de ello, los estudios indican que una clara mayoría de los ciudadanos están a favor de la cannabis medicinal, en una proporción de al menos 6 de cada 10 (Parametría, febrero de 2016).
Se espera que, en el corto plazo, la Cofepris publique el reglamento que definirá los procedimientos para que los pacientes accedan con mayor facilidad a los medicamentos derivados de la planta, así como las reglas para la comercialización.
En adelante, será de vital importancia contar con sólidas capacidades institucionales para poder regular con eficacia la totalidad de la cadena que comprende la producción, distribución, vigilancia de cultivos, venta, monitoreo del consumo y seguimiento clínico de los pacientes.
Se trata de un proceso cuyos resultados dependerán del desempeño y la colaboración entre autoridades estatales y federales, y de los sectores de la salud, protección contra riesgos sanitarios, aduanas, el agro y la ciencia. Además, resultará estratégica la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el involucramiento de expertos, academias y colegios médicos, al igual que la cooperación internacional.
Por último, cabría la oportunidad explorar las mejores prácticas desarrolladas en los países que más han avanzado, como podrían ser la figura del “educador cannábico” de Canadá o el “Comité de Indicaciones” israelí; en aras de una mayor calidad de vida, valdrá la pena el esfuerzo de nuestras instituciones para estar a la vanguardia ante este reto.//Heraldo México