De a poco, en los próximos años la nueva justicia laboral entrará en vigor. Si la conciliación no se logra, los casos pasarán a un tribunal. “¿Y quién garantizará que haya abogados capacitados para hacer valer los derechos laborales?”, Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), lanza la pregunta.

Por un lado, está el IFDP, que depende del Poder Judicial Federal. Por el otro, está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). “Es innecesario que haya dos instituciones haciendo lo mismo”, reclama Sandoval Ballesteros. 

Para el funcionario, el IFDP es el más apto para proteger a los trabajadores que no pueden pagar su defensa. Pero el instituto no tiene abogados laboralistas. La Profedet debería contar con ese personal, pero sus defensores no ganan “ni la tercera parte” de los salarios que el IFDP paga, aunque su presupuesto es de 180 millones de pesos anuales.

El Estado mexicano “no puede darse el lujo de tener duplicidad de funciones”. Esto lo ha señalado en el marco del Parlamento Abierto en materia laboral, realizado en hace un par de semanas en el Senado. “Es importante que el Congreso defina qué órgano llevará los asuntos ante esta nueva justicia laboral”, insiste.

La reforma del 1 mayo pasado modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de Defensoría Pública. La nueva legislación establece que el IFDP garantizará ese servicio, pero también le sigue dejando esa función a la Profedet, subraya Netzaí Sandoval.

El IFDP “es el despacho de abogados más grande del país tenemos, con 2,200”. Sus defensores públicos forman parte del Servicio Civil de Carrera y toman cursos de capacitación constante. Y otra cosa: “tienen salarios dignos, superiores a los 60,000 pesos. Tenemos los mejores abogados porque les pagamos bien”, sostiene.

En cambio, “la justicia laboral que hoy tenemos es vergonzosa”, asesta el funcionario. En las juntas de conciliación y arbitraje, “quien lleva la audiencia no cobra. Los abogados de las empresas le dejan propinas de 20, 50, 100 pesos. Es humillante”.

Aprender de la reforma penal

El Instituto Federal de Defensoría Pública apoya a personas que no pueden pagar un abogado. Lo hace en materia fiscal, administrativa, civil, de migración y derechos humanos. “Pero no tenemos abogados laboralistas”, reconoce Netzaí Sandoval.

El profesor de amparo y derecho constitucional en la Universidad Iberoamericana apunta la necesidad de formar jóvenes que se inclinen por la materia laboral. Y mientras, capacitar a los abogados que ya están en funciones.

Para formar al capital humano que está haciendo falta habrá de tomarse en cuenta la experiencia de la reforma penal, advierte. Los cursos que se impartieron a jueces y defensores de oficio en esa materia fueron muy caros y con expertos que no conocían la realidad mexicana. Mucha de la capacitación fue “pura simulación”, afirma. //Factor Capital Humano