A fin de fortalecer las acciones de prevención de riesgos y protección de los trabajadores en sus actividades productivas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) trabaja en un proyecto para crear la agencia nacional de seguridad y salud en los centros laborales.

El subsecretario de Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, informó que la propuesta, puntual y concreta es la creación de dicha agencia, "en donde la función normativa que tiene actualmente la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo (DGSST) permanezca y se fortalezca, así como la incorporación de la Inspección Federal asociada a este tema”.

El funcionario puntualizó que la promoción de estudios, la capacitación y la difusión en materia de seguridad y salud en las empresas, son elementos importantes del proyecto, porque se trabaja en reformar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

De esa forma, se propone la transformación de la DGSST en una agencia nacional de seguridad y salud en el trabajo para fortalecer la estructura administrativa de las áreas encargadas de este tema, y además se considera la especialización de la Inspección Federal con la creación de dos cuerpos inspectores.

El primero se enfocará a las condiciones generales de trabajo, y el otro vigilará las disposiciones en materia de seguridad y salud en las empresas, con lo que se buscará la profesionalización del cuerpo de inspectores.

También, se pretende establecer la posibilidad de disminuir el monto de la sanción a aquellos patrones que comprueben haber realizado las medidas correctivas, de urgente aplicación o subsanen las irregularidades en que hubiere incurrido en cuanto a condiciones de seguridad e higiene, antes de que se le imponga una multa.

Asimismo, a solicitud del infractor, se busca que se otorgue la opción de pagar la multa o realizar inversiones equivalentes a ella en la adquisición e instalación de equipo para evitar riesgos de trabajo o en la adopción de medidas que garanticen la protección de los trabajadores.

Ello, explicó la STPS en un comunicado, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las obligaciones del infractor, y la autoridad justifique plenamente su decisión.