El Pulso Laboral

Lunes 25 mayo 2015

02:30 pm

Columnas

Riesgos en materia de subcontratación

Es importante informar que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicó un criterio de interpretación al Artículo 17 de la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que tiene un efecto importante y grave en los esquemas de trabajo en régimen de subcontratación.

Esta ley tiene como objetivo, como su nombre lo indica, el establecer las medidas y acciones para para prevenir y detectar actos u operaciones provenientes de recursos ilícitos. Para ello, dicha ley establece en su Artículo 17 las actividades que considera como vulnerables, y con ella, materia de su atención y vigilancia. El termino vulnerable es desafortunado, pues su significado no está cercano a lo que el legislador quiso establecer en la ley con este vocablo, pues más bien se debió de referir a actividades con riesgo o con peligro de ser ilegales.

El citado Artículo 17 enlista una serie de actividades vulnerables, de las que destacamos la siguiente:

Fracción XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:

b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;

Serán objeto de aviso ante la Secretaria cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta ley.”

Esta ley establece que quienes realicen actividades vulnerables, tienen obligaciones especiales, como las de identificar a los clientes y usuarios con los que tienen la relación, identificar al dueño beneficiario, verificar su identidad, y recabar información sobre su actividad, así como conservar, proteger y evitar la destrucción o el ocultamiento de la información y documentación que sirve de soporte a la actividad vulnerable, y conservar tal información y documentación por un periodo de cinco años.

El criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera, que aquí comentamos, establece que el Trabajo en Régimen de Subcontratación, al que alude el Artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo es una actividad vulnerable y por ello, se le aplica el citado Artículo 17 de la LFPIORPI. Consecuentemente, las empresas y personas que se encuentran en esa actividad, bien como prestadores o como receptores, tiene que sujetarse a esta ley y cumplir las obligaciones especiales, adicionales a las laborales, que les asigna, y de no hacerlo, serían acreedoras las sanciones que dicha ley impone.

Entendemos que el origen y objetivo de este criterio es combatir la simulación que puede darse en estos esquemas de subcontratación, evadiendo el pago de impuestos, de pagos a la seguridad social y a los derechos laborales de los trabajadores.

Si bien esta cuestión amerita un análisis más amplio por los interesados, que son los que prestan y los que reciben servicios de subcontratación u outsourcing, es conveniente su conocimiento, especialmente considerando lo extendido de este esquema o modelo de contratación.

Por lo grave de sus efectos y lo complicado de su aplicación y cumplimiento, es importante su comprensión. Conlleva una carga administrativa adicional, y con ello, también una carga financiera. 

Lic. Luis Manuel Guaida Escontría, Socio Senior y Director de Guaida y asociados abogados

luis.manuel@guaida.com

 

también te puede interesar